El reconocido dirigente político opositor es acusado por llevar adelante una maniobra que, lejos de tener fines médicos, está orientada a doblegar a la obra social DOSEP para forzar beneficios económicos personales.
Según trascendió, Olivera utiliza a mujeres embarazadas como parte de su presión contra la institución, exponiendo su salud y bienestar en una estrategia que cruza la línea de la ética profesional.
El comunicado de DOSEP informa lo siguiente a sus afiliados y prestadores:
- Atención médica: Los médicos que no renunciaron expresamente como prestadores de DOSEP deben seguir atendiendo a los afiliados con normalidad.
- Relación directa: La relación entre DOSEP y los profesionales ahora es directa, eliminando la mediación del Círculo Médico de San Luis.
- Denuncia por incumplimiento: Si un profesional se niega a atender a un afiliado de DOSEP, debe ser denunciado por incumplir lo acordado con la obra social.
- Prohibición de cobros extra: DOSEP no reconocerá facturas ni pagos por servicios adicionales sin autorización previa, y los prestadores deben cumplir con la normativa que impide el cobro de montos extras.
“Lo que busca no es mejorar la atención, sino condicionar a la obra social y convertir una cuestión sanitaria en una pulseada política”, aseguró una fuente cercana a la investigación.
El médico, que en los últimos meses multiplicó su exposición mediática, aparece ahora en el centro de la polémica: acusado de extorsión, manipulación y de poner en riesgo a las pacientes más vulnerables.
Desde DOSEP evitaron declaraciones oficiales, pero dejaron trascender que “no se dejarán presionar por intereses mezquinos”. En tanto, distintas organizaciones de la sociedad civil expresaron su repudio y reclamaron que se priorice la salud de las embarazadas por encima de cualquier cálculo político.
El caso recién comienza, pero ya genera indignación en toda la provincia. La pregunta es inevitable:
¿hasta dónde puede llegar un médico que mezcla la política con la salud de quienes más necesitan?
