Son fondos públicos que recibió la esposa de Adolfo, el Diputado pide "medidas cautelares urgentes" como el embargo de la cuenta donde se depositó el dinero y el secuestro de los elementos contables de la polémica fundación Mujeres Puntanas.
Tras conocerse la decisión del Juez Maqueda que se declaró incompetente en la denuncia formulada por legisladores provinciales respecto a los $ 80 millones que Alberto Rodríguez Saá otorgó a la fundación que manejan Adolfo y su esposa Gisela, el Diputado Alejandro Cacace realizó una nueva presentación. Esta vez en la justicia provincial, donde fue remitida la denuncia.
El legislador solicita que se reconozca la figura de "Amicus Curiae" (amigo de la corte o amigo del tribunal) es una expresión latina utilizada para referirse a presentaciones realizadas por terceros ajenos a un litigio, que ofrecen voluntariamente su opinión frente a algún punto de derecho u otro aspecto relacionado, para colaborar con el tribunal en la resolución de la materia objeto del proceso.
En ese sentido, Cacace pide al Juez que libre una orden para que el oficial de justicia "se constituya en el domicilio de la Fundación, sito en Avenida Presidente Perón 759/783 Piso 15 Oficina “Q” de esta ciudad y proceda a inspeccionar el lugar a fin de verificar si en el mismo lugar se desarrolla actividad política de cualquier tipo, especialmente de campaña a favor del Senador Adolfo Rodríguez Saá para las próximas elecciones del 22 de Octubre venidero.
En el mismo acto se procederá a secuestrar todos los soportes contables, de la fundación, especialmente aquellos donde consten los gastos realizados luego del cobro del subsidio que motiva el presente.
En la misma presentación el legislador pide que se ordene en forma inmediata tanto el Embargo Preventivo peticionado sobre los fondos existentes en la cuenta bancaria abierta en el BAnco Supervielle SA individualizada bajo el Nro. 101036000208716024/0, C.B.U. 0270101710034406000024 titularidad de la Fundación “Mujeres Puntanas”, C.U.I.T. 33-71569720-9, y a depositar las sumas así embargadas en cuenta judicial a la orden y cuenta de este Tribunal y hasta tanto se concluya la investigación penal a realizarse.