La Justicia de Villa Mercedes imputó provisoriamente a Mayte Reyna del Portugal Escudero por haber vendido terrenos que no le pertenecían y por haber estafado, al menos en esta etapa de la causa, a 15 familias. La audiencia se realizó el viernes por la mañana y terminó con una decisión clave: la jueza Natalia Pereyra Cardini le concedió una prórroga de detención de siete días.
Durante la exposición, el fiscal Leandro Estrada sostuvo que se trata de una estafa millonaria y dejó en claro que la causa no se agota en esos primeros hechos. Explicó que esa cantidad de casos corresponde a las denuncias ya formalizadas, pero remarcó que los damnificados serían muchos más. En ese marco, anticipó que se investigará a otras personas que habrían participado en los acuerdos irregulares.
Según la acusación, Escudero comercializó derechos sucesorios y posesorios que no tenía acreditados sobre tierras ubicadas al noreste de Villa Mercedes. Esos terrenos, de acuerdo con la reconstrucción fiscal, fueron regularizados por la Municipalidad en 2023 y luego cedidos al Estado provincial para la construcción de viviendas sociales. El conflicto salió a la luz cuando comenzaron tareas de desmonte y nivelación en la zona y aparecieron compradores con documentación de cesión.
Estrada afirmó que hubo pagos de entre 2 y 9 millones de pesos, que en algunos casos se entregó incluso un vehículo como parte de la operación y que varias familias continuaban abonando saldos en cuotas. También sostuvo que dos familias ya viven en el lugar y que otras personas realizan custodia de lotes adquiridos de forma irregular. Por eso pidió, además de medidas patrimoniales, que se impida seguir comercializando tierras en esa zona.
La querella de la Municipalidad, integrada por Lucio Agustín Pereira y Gabriela Escudero Ricarte, aportó un dato todavía más delicado: las familias afectadas serían 54. Para esa parte, el accionar no fue aislado sino coordinado, y por eso quedó planteada la posibilidad de avanzar también sobre figuras como asociación ilícita, falsificación de instrumentos públicos y eventual estafa procesal.
“En la actualidad la Provincia es la única que se encuentra en condiciones de escriturar”, sostuvo el fiscal Leandro Estrada.
Escudero se abstuvo de declarar. La nueva audiencia fue fijada para el próximo viernes a las 10, mientras la investigación busca determinar si detrás de la operatoria hubo una red más amplia de personas involucradas.