Los gobernadores atraviesan uno de los momentos más delicados en materia financiera a partir de la fuerte caída de los fondos que la Nación gira a las provincias en concepto de coparticipación federal. En el último trimestre, el Gobierno nacional recortó más de medio billón de pesos, profundizando un escenario de asfixia fiscal en los distritos.
En un contexto de baja sostenida de la recaudación que ya se extiende por seis meses consecutivos, la situación encendió alarmas en las administraciones provinciales, que ven comprometida su capacidad para afrontar gastos corrientes, salarios y políticas públicas esenciales.
Según datos oficiales, entre noviembre y enero el Ejecutivo nacional transfirió 533 mil millones de pesos menos en términos reales respecto del mismo período del año anterior. La caída, ajustada por inflación, representa un golpe directo a las finanzas provinciales, que dependen en gran medida de estos recursos automáticos.
El recorte impacta de manera transversal en todo el país y reaviva tensiones entre las provincias y la Casa Rosada. Gobernadores de distintos signos políticos coinciden en advertir que la merma de fondos limita la gestión y obliga a revisar presupuestos, postergar obras y ajustar programas.
Mientras la Nación sostiene su política de equilibrio fiscal, en las provincias crece la preocupación por el efecto social y económico de la caída de recursos, en un escenario donde la demanda de asistencia estatal sigue en aumento. El debate por la coparticipación vuelve así al centro de la escena política, con un federalismo puesto nuevamente a prueba.
