Un nuevo borrador del proyecto de reforma laboral comenzó a circular entre el Gobierno, sectores empresariales y representantes sindicales, con foco en la modernización del régimen de trabajo. El texto detalla cambios en vacaciones, indemnizaciones por despido, organización de la jornada y creación de bancos de horas, además de capítulos específicos para el trabajo en plataformas digitales.
En materia de vacaciones, el borrador ratifica el derecho a un período anual pago, pero habilita que empleador y trabajador puedan acordar, de forma individual o colectiva, la extensión del descanso por encima de los mínimos legales. También contempla la posibilidad de fraccionar las vacaciones y acumular días en casos excepcionales, siempre con autorización de la autoridad laboral competente.
El proyecto fija que las vacaciones deben otorgarse entre el 1º de octubre y el 30 de abril del año siguiente, con la obligación de notificar al trabajador con una antelación no menor a 45 días. Se admite, sin embargo, que los convenios colectivos establezcan sistemas distintos de otorgamiento, adaptados a las particularidades de cada actividad o sector productivo.
Uno de los puntos más sensibles es la creación de esquemas de fondos o seguros de cese laboral que podrían reemplazar, en ciertos casos, a la indemnización tradicional por despido sin causa. Estos fondos serían financiados con aportes mensuales de los empleadores y funcionarían como un ahorro previo o seguro que se activa cuando se produce la desvinculación del trabajador.
Respecto de la jornada, el borrador incorpora la figura de los “bancos de horas”, que permiten compensar horas extra realizadas en determinados días con menos horas en otros, siempre que no se superen los límites legales semanales ni se vulneren los descansos mínimos entre jornadas. La regulación de estos esquemas quedaría en manos de las convenciones colectivas de trabajo.
El documento también incluye apartados para regular el trabajo en plataformas de reparto y otros servicios digitales, así como ajustes en procedimientos judiciales laborales. Mientras el oficialismo lo presenta como una modernización del mercado laboral para favorecer el empleo formal, distintas organizaciones sindicales advierten sobre un posible retroceso en derechos consolidados.