La escena que parecía impensada durante décadas finalmente se concretó. Sergio Freixes, el íntimo colaborador del clan Rodríguez Saá y exministro de Legalidad de la provincia, pasó su primera noche en una cárcel común tras quedar firme la condena dictada por la Corte Suprema de Justicia. El histórico operador político dejó atrás los pasillos del poder y ahora enfrenta la realidad de un penal sin privilegios, sin fueros y sin la protección del aparato provincial.
La decisión de la Corte no solo confirma los seis años de prisión por amenazas coactivas y agravadas, sino que simboliza el cierre de un ciclo de impunidad que durante años amparó desmanejos, maniobras oscuras y abusos de poder. La caída de Freixes repercute de lleno en el círculo íntimo de los Rodríguez Saá, que durante más de treinta años manejó resortes políticos y judiciales como si fueran extensiones privadas de su estructura de gobierno.
Hoy, la imagen del exfuncionario durmiendo en una celda común funciona casi como un retrato histórico: la justicia alcanza también a quienes se creían intocables. El mensaje es claro: la era de protección política se terminó y comienza un nuevo capítulo donde los responsables de delitos deberán responder ante la ley, sin importar sus contactos, su historia o sus padrinazgos.
La detención de Freixes deja abierta una pregunta inevitable: ¿qué otros nombres de la vieja guardia del poder provincial seguirán el mismo camino? La ciudadanía observa, la Justicia avanza y el blindaje político que durante décadas pareció indestructible, hoy cruje definitivamente.