El gobernador inauguró 3 oficinas de Riesgos del Trabajo y las consideró clave para ganar competitividad

El gobernador Claudio Poggi encabezó la apertura de tres comisiones médicas de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo en San Luis, Villa Mercedes y Concarán, tras la adhesión provincial a la Ley 27.348, con la promesa de menos juicios laborales, menores costos empresarios y más seguridad para los trabajadores.

El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, inauguró tres oficinas de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) en la provincia y sostuvo que se trata de “uno de los hitos más importantes del año” en términos de competitividad. Las nuevas sedes funcionarán en la terminal EDIRO de la ciudad de San Luis, en el predio El Lago de Villa Mercedes y en la localidad de Concarán, y comenzarán a atender accidentes y enfermedades laborales a través de comisiones médicas jurisdiccionales.

Las aperturas son el resultado de la adhesión de la provincia a la Ley Nacional 27.348, que reforma el sistema de riesgos del trabajo e introduce una instancia administrativa previa y obligatoria antes de recurrir a la Justicia. Hasta ahora, San Luis era una de las pocas jurisdicciones que no se había sumado al esquema, lo que, según el Gobierno, encarecía las alícuotas de las ART y elevaba la litigiosidad laboral.

Poggi remarcó que la falta de adhesión generaba un sobrecosto para las empresas locales, que pagaban primas de seguro “hasta el doble” de lo que se abonaba en provincias vecinas como Mendoza o Córdoba. El mandatario planteó que la proliferación de juicios laborales, muchos de ellos con montos considerados “exorbitantes”, desalentaba las inversiones, ponía en riesgo la continuidad de pymes y, en definitiva, limitaba la creación de empleo formal en el territorio provincial.

Durante los actos, en los que estuvo acompañado por funcionarios de la SRT, intendentes y miembros de su gabinete, el gobernador insistió en que el objetivo central de su gestión es “tener un San Luis cada día más competitivo”. En ese marco, vinculó la adhesión al sistema de comisiones médicas con otras decisiones, como el regreso al Consejo Federal de Inversiones (CFI), el lanzamiento de líneas de crédito para pymes y la elaboración de planes maestros de agua y energía.

“Hoy es un día muy importante porque la provincia suma competitividad. Es uno de los hitos más importantes del año para San Luis”, afirmó Poggi al dejar inaugurada la primera oficina en la EDIRO.

Según las autoridades, la experiencia de otras provincias muestra que alrededor del 90% de los conflictos laborales se resuelven en sede administrativa en un plazo aproximado de 60 días, mientras que solo un 10% llega a juicio. Con las nuevas comisiones, se busca replicar ese modelo y reducir lo que Poggi describió como “la industria del juicio”, a la que acusó de beneficiar a un pequeño grupo de abogados y jueces en perjuicio del conjunto de la economía local.

El gerente general de la SRT, Fernando Gabriel Pérez, destacó que cada oficina contará con equipos integrados por médicos y abogados, y que los trabajadores tendrán asesoría y representación jurídica gratuita. El recorrido incluirá la presentación del caso, la realización de exámenes médicos, la determinación del grado de incapacidad y la homologación de los acuerdos, que tendrán fuerza de sentencia administrativa, con el objetivo de evitar procesos judiciales largos y costosos.

Desde el Ministerio de Gobierno provincial, Gonzalo Amondaraín definió la adhesión a la ley como una decisión “valiente y unánime” y calculó que, antes de esta reforma, la falta de un sistema de riesgos de trabajo pleno le costaba a San Luis unos 50 millones de dólares anuales en términos de competitividad perdida e inversiones que se dirigían a otras jurisdicciones. Con las nuevas comisiones, el oficialismo espera mejorar el clima de negocios y multiplicar la llegada de proyectos productivos.

• Se inauguraron tres oficinas de la SRT en San Luis, Villa Mercedes y Concarán.
• San Luis se adhirió a la Ley 27.348 y sumó comisiones médicas como instancia previa obligatoria.
• El Gobierno provincial afirma que la medida reducirá la litigiosidad laboral y los costos de las ART.
• Las autoridades destacan beneficios para trabajadores, empresas y la competitividad general de la provincia.

Con las nuevas sedes en funcionamiento, el Gobierno provincial busca enviar una señal a empresarios locales y potenciales inversores externos: un marco más previsible para la resolución de conflictos laborales, menores riesgos jurídicos y un andamiaje institucional que, según la gestión Poggi, apunta a que San Luis vuelva a ser percibida como una plaza atractiva para producir e invertir.