Estafa, abuso e incumplimiento de deberes: Ministros de Rodríguez Saá podrían ir a la cárcel y responder con su patrimonio por hacer firmar contratos en plena campaña

El Puntano - Publicado el 5 septiembre, 2023

El abogado Ricardo André Bazla denunció penalmente a siete funcionarios de primer rango en la estructura de gobierno. La justicia deberá investigarlos por la comisión de los delitos de "Incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y estafa". Los denunciados son los ministros de Hacienda, Eloy Horcajo; de Seguridad, Claudio Latini; el secretario de Turismo, Luis Macagno; de Salud,Cristian Niño; de Inclusión, Nicolás Anzulovich; de Educación, Eugenia Cantaloube y de Gobierno, Fabián Filomena.

"Firmaron contratos con beneficiarios de Planes Sociales otorgados por el gobierno de la provincia de San Luis, días previos a las elecciones generales del pasado 11 de junio, violando la Ley de Presupuesto 2023 plenamente vigente al momento de la celebración de los mismos”, destacó Bazla sobre el motivo de la denuncia penal.

"Todo se realizó en violación del Art. 11 de la Ley N° VIII-0253-2022 de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Provincial, que fija la cantidad de trabajadores estatales y establece que “el Poder Ejecutivo Provincial no podrá aumentar el número total de cargos y horas cátedras antes establecidos, norma que a renglón seguido se reproduce: “ARTÍCULO 11.- Establecer el número de cargos de la Administración Central y Organismos Descentralizados en TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE (33.757), el número de horas cátedra en SETENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS (70.596) y el número de cargos del Poder Judicial en UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO (1.431), los que se encuentran detallados en las Planillas Anexas que forman parte integrante de la presente Ley. El Poder Ejecutivo Provincial no podrá aumentar el número total de cargos y horas cátedra antes establecidos; no obstante podrá disponer modificaciones en la distribución de los mismos".

"Se hizo bajo la promesa de hacerlos ingresar en la administración pública, pero hubo una violación a las leyes de Presupuesto vigente y de Contabilidad. El proyecto de modificación que envió el gobernador a la Legislatura se recibe el 25 de julio prácticamente dos meses después de firmar los contratos. Esto ha motivado una serie de reclamos por parte de a mi criterio quienes fueron estafados, engañados, abusaron de su confianza y se encuentra en incertidumbre total porque no existe el sustento legal”, sostuvo.

"En este caso se da la particularidad que los funcionarios habrían actuado dentro de sus competencias, pero sin el sustento legal suficiente para poder contratar personas porque no estaba ampliado el presupuesto provincial y los cargos no estaban previstos en la ley. Estas son exigencias elementales que tienen todos los estados tanto nacional, provincial y municipal en cuanto a tener previsto cuál es el cálculo de gasto que va a demandar la actividad propia de la administración pública. Si no está previsto, no se puede contratar, porque en el derecho público, lo que rige es la incompetencia, si no está previsto legislativamente cual es la función que el funcionario debe cumplir no lo puede hacer", agregó.