Lázaro contraataca: La Justicia constató otro vínculo con Calcaterra

El empresario K Lázaro Báez llevó, a la causa por lavado de dinero en la que está detenido y procesado, un nombre de impacto político: el de Ángelo Calcaterra, uno de los principales empresarios de la obra pública y primo del presidente de la Nación, Mauricio Macri.

Declaró que con la empresa de Calcaterra –IECSA– participó de una licitación y que por eso obtuvo como préstamo los 33 millones de dólares de una financiera suiza por los que ayer fue procesado por segunda vez por lavado de dinero.

Ahora se conoció un nuevo vínculo: IECSA presentó los papeles para ser cliente y operar con S.G.I., la financiera que se le atribuye a Báez a través de Daniel Pérez Gadín y que era propiedad de Federico Elaskar.

"La Rosadita" era el nombre con el que se conocía a S.G.I y para el juez federal Sebastián Casanello era una "cueva financiera" desde la que se realizaban operaciones de lavado de los fondos de Báez.

De S.G.I. son las imágenes en las que se ve a Martín Báez, hijo de Lázaro, a Peréz Gadín y a Fabián Rossi, entre otros, contando 5.100.000 dólares.

Báez fue procesado ayer por lavado de dinero por el reingreso al país de 33 millones de dólares a través de la financiera suiza "Helvetic Service Group". Para Casanello, Báez obtuvo ilícitamente el dinero, lo sacó del país y lo volvió a entrar en cuentas de su empresa "Austral Cosntrucciones" mediante bonos de la deuda. Para el magistrado fue una maniobra de lavado de dinero y por eso lo procesó junto a su hijo Martín y a otros integrantes de Austral.

Cuando Báez declaró el cinco de mayo dijo que Helvetic le prestó el dinero para participar con IECSA –de Calcaterra–, Synohydro Corporation, ESUCO S.A. y CHEDIAK de la licitación pública para la construcción de las represas "Néstor Kirchner" y "Jorge Cipernic".

Pero no es el único vínculo Báez-Calcaterra. Cuando se allanó S.G.I se encontró "un legajo de cliente de IECSA" que contenía la firma de su presidente, Santiago Altieri, y de los directivos Alejandro Blasco, Giordano Meda y Víctor Folch para actuar ante la financiera que se le atribuye a Báez.

"A su vez allí obra una nota de IECSA, dirigida a SGI, en donde hacen saber, a petición de la financiera, quiénes son los dueños de la constructora. En ella lucen Ángelo Calcaterra como accionista minoritario y como mayoritario el grupo ODS S.A., que sería el holding de propiedad de ese empresario. La misiva está suscripta por Altieri y tiene fecha 12 de mayo de 2012.", explicó el juez Casanello en su resolución.

La llegada de IECSA a S.G.I es de mediados de mayo de 2012, unos meses antes del registro de las imágenes en las que se ve en la financiera a Martín Báez y otras personas contando los millones de dólares. El 4 de mayo el Ministerio de Planificación Federal, a cargo de Julio De Vido, abrió la licitación para las represas.

"Para esas fechas en que las constancias muestran a IECSA efectuando la presentación para constituirse como cliente de SGI, y así, comenzar a operar, la financiera ya era propiedad de Helvetic y era controlada por Lázaro Báez -recuérdese que Federico Elaskar había cedido sus acciones varios meses antes", agregó.

El juez Casanello señaló que estos vínculos "en nada inciden" en la acusación contra Báez por lavado de dinero.

"Si los fondos tenían como finalidad la realización de una obra pública de gran envergadura, y si ello se iba a llevar a cabo en sociedad con otras empresas, es indistinto al momento de evaluar la relevancia penal de la conducta", explicó el magistrado.

De hecho, Báez había pedido que Calcaterra sea citado a declarar como testigo y Casanello no lo convocó.

"Lo que se ha reprochado a lo largo del presente pronunciamiento –y que debe ser entendido integralmente con el resto de las resoluciones de mérito del tribunal- es que los U$S32.800.000 provenientes de Helvetic, eran fondos ilícitamente obtenidos por Lázaro Antonio Báez, y que valiéndose de la intervención de actores que se encuentran íntimamente vinculados a él, se utilizó en forma ardidosa a la firma HSG para canalizar esos bienes de modo tal de ocultar su origen e integrarlos al patrimonio de Austral Construcciones bajo apariencia de licitud", concluyó.

Tras la declaración de Báez, diputados del Frente para la Victoria pidieron que Calcaterra sea investigado en la causa por presuntos sobreprecios en la obra pública. El fiscal Guillermo Marijuán rechazó el planteo al señalar que en la causa se investiga lavado de dinero y que en otros juzgados tramitan causas por irregularidades en la obra pública.

DEJA TU COMENTARIO