Antonia Herrera casi paga una colección de enciclopedias que realmente no quería. En abril, un vendedor de libros dejó los tomos en su casa y nunca pasó a retirarlos, aunque el problema surgió cuando la hija de la mujer notó que el comerciante se había llevado datos bancarios de su madre. La confusión terminó con el secuestro de 55 libros, la anulación de una compra por 4.755 pesos y una investigación por estafa.
El martes pasado, Bibiana Etelvina Denis llamó al 911 para denunciar que a su madre la habían estafado y que había encontrado a los sospechosos en una esquina del barrio Eva Perón. El móvil que atendió el llamado encontró a la mujer en la manzana 42, junto a dos vendedores de libros. Según contó, uno de ellos le había dejado a su madre una colección de enciclopedias en abril pero nunca había pasado a retirarla nuevamente, cuando su madre supuestamente había dicho que no quería las ediciones.
Herrera le había dicho a su hija que además de dejarle los libros, el comerciante, de apellido Magni, “le había pedido un comprobante de cobro para llenar unos formularios de datos”, precisó la Comisaría 7ª en un informe. Como temía que le descontaran dinero a su madre, la mujer había decidido denunciar a los vendedores.
La Policía identificó a los jóvenes, ambos de 28 años, y los llevó a la comisaría junto a Etelvina para aclarar la situación. Magni y su compañero, de apellido Vidal, dijeron que trabajan para una empresa mendocina ofreciendo enciclopedias de la editorial Billiken, pero como no contaban con la documentación de la mercadería, los efectivos la secuestraron en forma preventiva.
Un día después, el miércoles 10, Diego Mariano Michelutti se presentó en la seccional 7ª y dijo ser propietario de la empresa editorial Internacional Book. Contó que hace diez años se dedica a la venta de libros, que el material incautado era suyo y que Magni era su empleado, además de su cuñado.
Michelutti también explicó cómo trabaja su empresa y la forma de cobro de sus productos, entre ellos el débito automático de la cuenta del cliente, algo a lo que Antonia Herrera supuestamente había accedido por un monto de 4.755 pesos, en 15 cuotas de 317 pesos. El empresario incluso exhibió el remito de la compra.
Como los investigadores notaron anormalidades en los documentos, se los llevaron a Herrera, que negó haberlos firmado y haber aceptado la transacción. Pese a que no llegó a concretarse ningún descuento por la compra, la causa fue caratulada como “Averiguación estafa”.
A raíz del hecho, el jefe de la Comisaría 7ª, comisario Juan Carlos Leyes, recomendó a la sociedad “no dar a conocer su número de CBU para evitar casos similares, ni aceptar mercadería” que no tenga la intención de adquirir.