Procesan a Gils Carbó y el Gobierno quiere reactivar su juicio político

El juez Ercolini sospecha que la funcionaria cometió “administración fraudulenta” en la compra del edificio de la Procuración por $ 44 millones; se investiga el cobro de “comisiones exorbitantes” en la operación inmobiliaria.

La jefa de los fiscales, Alejandra Gils Carbó, quedó ayer procesada por fraude al Estado, debido a supuestas irregularidades en la compra de un edificio para la Procuración en el microcentro porteño. Así lo dispuso el juez federal Julián Ercolini, quien también procesó a otro cuatro imputados y ordenó un embargo sobre los bienes de la funcionaria por siete millones de pesos.

Gils Carbó, a quien el gobierno de Mauricio Macri intentó remover desde que tomó el poder, en diciembre de 2015, avisó a través de sus abogados que “interpondrá los recursos judiciales pertinentes” ante la decisión. En su declaración indagatoria, semanas atrás, la funcionaria había responsabilizado por los hechos a un empleado infiel. En dichos públicos, además, había considerado que la causa está relacionada con los incontables intentos que hizo el Gobierno por correrla de su cargo.

Ayer, tras su procesamiento, el oficialismo volvió a la carga. El jefe del interbloque Cambiemos en la Cámara de Diputados, Mario Negri, evaluó en un comunicado que la decisión de Ercolini es “suficiente” para que Gils Carbó “dé un paso al costado”, aun cuando a la procuradora le quedan instancias de apelación. Mientras que el diputado Fernando Sánchez, pronto a desembarcar en la Jefatura de Gabinete, pidió una reforma de la Ley del Ministerio Público “para removerla”. “No es digna de su cargo”, sentenció en radio Nacional.

Para Ercolini, está probado que Guillermo Bellingi es el funcionario que se encargó de la licitación del edificio de la calle Perón 667, donde hoy se erige la Procuración; y que su medio hermano de Juan Carlos Thill, cobró la mitad de una comisión de $ 7,7 millones que los vendedores le pagaron a la inmobiliaria Jaureguiberry por su intervención en la operación. Precisamente por eso Bellingi; Thill; la representante de la inmobiliaria, Bárbara Jaureguiberry; y el directivo de la empresa vendedora, Arfinsa, Adrián González Fischer; están imputados junto a Gils Carbó.

En su fallo de ayer, el juez sostuvo que “existen pruebas suficientes para afirmar, con el grado de probabilidad requerido” en esta etapa, que Gils Carbó y Bellingi, quien era subdirector General de la Procuración, “violando consciente y voluntariamente” sus deberes “llevaron a cabo un complejo plan orientado a adquirir directamente” el edificio en cuestión. Según el escrito, “mediante la maniobra se generó también de modo deliberado un lucro indebido para algunos de sus intervinientes, que como contrapartida conformó un perjuicio patrimonial apreciable para el Estado”.

En un breve texto difundido a la prensa tras el procesamiento, la defensa de la procuradora rechazó particularmente esa acusación. “El procesamiento por un delito imaginario no nos sorprende, pero sí nos produce estupor. Se le adjudica (a Gils Carbó) una de las modalidades de la defraudación cuando, en realidad, no existió daño patrimonial alguno y sí, en cambio, beneficio para la administración pública”, señalaron los representantes del estudio Arslanian & Asociados, quienes destacaron que la sede de la Procuración fue adquirida a un valor menor al de la tasación oficial “sin que en la comisión que cobrasen los intermediarios pusiera un peso el Estado”.

 

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