"Hacen para robar", podría ser la nueva frase del ingenio popular para definir a Rodríguez Saá y Ponce. Prometieron pavimentar 250 cuadras en la zona sur, abandonaron la obra, el pavimento está roto y hasta achicaron una avenida para disminuir costos.
El archivo los condena y tal vez la justicia los investigue, debería suceder. En abril de 2016 el Gobernador y el Intendente de San Luis firmaron el decreto 1.179 para la pavimentación de 250 cuadras de la zona sur de a ciudad, una inversión que superó los $ 108 millones que da como resultado más de $ 430 mil para pavimentar cada cuadra. Los barrios beneficiados serían los siguientes: Complejo Habitacional “Serranías Puntanas”, con 98 cuadras internas del barrio y 28 cuadras de accesos principales. En los barrios Padre Carlos Mugica y Néstor Kirchner se asfaltarán 44 cuadras internas y 13 cuadras de accesos principales. En el Barrio Mirador del Portezuelo serán 53 calles internas y 9 cuadras de acceso. Y para la avenida de conexión entre ese barrio y El Lince, un total de 5 cuadras.
La obra en el Barrio Serranías Puntanas está abandona, debió ser concluida el diciembre de 2016, según los 240 días corridos al que se comprometieron las empresas Serving SRL y Vial Minera S. A.
Las empresas, bajo la complicidad de Alberto y Ponce, abandonaron la obra. El acceso principal del barrio está roto, como lo demuestra la imagen. La avenida paralela fue reducida a una calzada común y se llevaron el dinero del boulevard que debían construir y bajaron costos al colocar asfalto y no pavimento, ya que el documento firmado por los gobernantes establece que las arterias de sentido de circulación Este – Oeste debían contener pavimento teniendo en cuenta que el agua de lluvia se escurre en estas calles a gran velocidad. Además la obra está inconclusa.
En la apertura de sesiones del Concejo Deliberante, el pasado 1 de marzo, Enrique Ponce aseguró ante los legisladores y el pueblo de San Luis que la obra estaba concluida. Otra mentira del Intendente que deberá explicar sobre esta obra que es un paradigma de la corrupción. Más de $ 100 millones que no fueron controlados y una tarea inconclusa con serias deficiencias en las calles que están asfaltadas.
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