Escracharon a Adolfo por el caso Brenda Arias

Sucedió en pleno centro de San Luis cuando el Senador bajaba de su auto importando valuado en un millón de Pesos. La familia de Brenda, la chica desaparecida y asesinada en 2009, insiste en el pedido de justicia y denuncia connivencia entre los investigadores y el poder.

El 11 de julio de 2009 Brenda salió de su casa, en la localidad de Villa del Carmen,  para ir a jugar al pool, fue la última vez que su madre la vio con vida. Inmediatamente la familia supo que algo andaba mal, la joven que tenía 19 años no aparecía y su ausencia marcaba el peor presagio. Tras 18 días de desaparecida y a pesar de que su madre recibía desde el celular de Brenda mensajes, sabía que algo andaba mal. Encontraron el cuerpo calcinado a tres kilómetros de su hogar.

En un primer momento la policía intentó cerrar el caso en un suicidio, algo que los allegados a la víctima descartaron de plano y que con el correr de los días y las insistencias de familia para investigar lo sucedido fue confirmado. El asesinato de la jóven se produjo antes de que la quemaran.

Desde ese momento, Norma Garayalde, madre de Brenda, no dejó de reclamar justicia y hasta enfrentó una investigación policial y judicial con serias falencias, a tal punto que a casi ocho años del crimen aún no esta resuelto. La búsqueda de la verdad llevó a Norma a entrevistarse con Alberto Rodríguez Saá, quien gobernaba la provincia en el momento del asesinato, la promesa de una investigación profunda, seria y que no protegiese a los culpables se desvaneció en el tiempo.

Este jueves, Adolfo Rodríguez Saá bajaba de su auto Mercedes Benz, valuado en un  millón de Pesos, en la calle San Martín entre Avenida Illia y Pedernera cuando recibió la recriminación de la familia por tantos años de lucha solitaria  y la pasividad del Poder Ejecutivo que ostenta su hermano Alberto. La imagen es sumamente gráfica, una mujer que se inclina para hablar con el millonario dirigente que lejos parece estar del dolor y que no acusa recibo de la responsabilidad política y de su injerencia directa en una justicia tardía que contó con la complicidad del gobierno por no dotar a la policía de medios para realizar pericias que no se concretaron por la falta de insumos para preservar las pruebas. Otra vez, Norma y los familiares de Brenda vuelven a insistir en la protección policial y el crimen pasional, algo que en Villa del Carmen todos conocen peor no se animan a contar.

 

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