Penas de hasta 9 años y medio de prisión a tres penitenciarios por torturar a un detenido

Tres agentes penitenciarios fueron condenados hoy a penas de hasta nueve años y medio de prisión por haber torturado a Brian Núñez, un joven que estaba detenido en el penal de Marcos Paz, en 2011.

El fallo fue dado a conocer hoy por los jueces del Tribunal Oral en lo Federal 1 de San Martín. Los condenados son Juan Pablo Martínez a quien le dieron nueve años y seis meses de prisión, y Roberto Fernando Cóceres y Víctor Guillermo Meza, a quienes les dieron ocho años y medio. Todos ellos fueron considerados culpables del delito de torturas.

Juan José Mancel, otro penitenciario, fue condenado a dos años y medio de prisión "en suspenso" por omisión de denuncia, ya que estuvo al tanto de las torturas pero no las denunció.

Por otra parte fueron absueltos Juan Fernando Morinigo y Ede Martín Vallejos, que también estaban en el banquillo, acusados por "omisión de denuncia", y Javier Enrique Andrada, acusado de "torturas agravadas".

Además, el Tribunal dictó la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos para todos los condenados.

"Se trata de la primera vez que la justicia federal dictó sentencia en un caso por torturas cometidas por miembros del Servicio Penitenciario Federal en democracia", dijeron desde la Defensoría General de la Nación (DGN). "Este juicio fue paradigmático por la cantidad de agresores acusados y sus jerarquías dentro del penal: uno de ellos era jefe de turno y otro, jefe de día", añadieron.

"Lo que le sucedió a Brian demuestra la existencia de situaciones gravísimas de violencia ejercida por los servicios penitenciarios. Como también el caso de Patricio Barros Cisneros, que terminó en muerte", dijo a la NACION Paula Litvachky, directora del área de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

"Hay una gran necesidad de discutir sobre la violencia en las cárceles. Los Tribunales están empezando a dar mensajes de ‘no impunidad'", señaló. "También hay que pensar en reformas estructurales para evitar estas prácticas penitenciarias de violencia que ya son parte de la rutina, hay que trabajar con políticas concretas desarrolladas por los poderes ejecutivos", añadió.

Por otra parte, recordó que existe una deuda que es la puesta en funcionamiento del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que fue aprobado en 2012.

"Esto aún no se mueve en el Congreso. Con su funcionamiento habría un sistema de control y monitoreo. Pero eso debe ir acompañado de políticas públicas y reformas estructurales", insistió Litvachky.

El caso

El hecho ocurrió el 16 de julio de 2011. Núñez Valenzuela "sufrió diversas torturas físicas consistentes en golpes de puño, bastonazos, puntapiés y pisadas en todo el cuerpo -particularmente en los tobillos y pies-, mientras era sujetado en posiciones forzadas mediante la utilización de 3 esposas distintas", indicó la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), que fue querellante en la causa junto con la DGN.

"Los torturadores también intentaron introducirle un bastón en la zona anal, y fue quemado en sus pies con cigarrillos y con un encendedor. Además, fue arrastrado por el suelo por aproximadamente 200 metros, desnudado e introducido forzadamente en duchas de agua fría repetidas veces en pleno invierno", detalló la Procuración, y añadió que "también fue sometido a diversos sufrimientos psíquicos como insultos y amenazas con hacer peligrar su integridad física en el futuro dentro de la Unidad".

La causa se inició en el sumario de prevención labrado por el personal del establecimiento penitenciario, donde se estableció que era Núñez Valenzuela "quien habría insultado y agredido físicamente a los funcionarios y se habría provocado auto-lesiones, ante lo cual el personal penitenciario habría hecho uso de ‘la fuerza pública, racional, mínima e indispensable’ para ‘evitar que el interno se continúe agrediendo y para resguardar [su] integridad física'".

Fue una denuncia presentada por la Procuración "la que revirtió el objeto procesal del expediente". Finalmente el hecho se investigó como un caso de torturas físicas y psíquicas, de las cuales Núñez Valenzuela fue víctima. El joven ahora sigue detenido pero en el penal de Ezeiza.

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